Decimocuarta tarea: Crónica opinativa

Senado hace justicia y no protege a Bogado 

La Cámara alta ha ratificado el desafuero del imputado Víctor Bogado por el caso "Niñera de oro" que se había efectuado en el periodo legislativo pasado con vistas a afrontar el proceso de investigación requerido.

Habría que remontarse al 4 de junio de 2014 para comprender el caso "Niñera de oro" que involucra al Senador de la República, Víctor Bogado. En octubre de 2013 había salido a la luz que Gabriela Quintana, contratada por Itaipú Binacional y comisionada en la Cámara de Diputados con un jugoso salario, era en realidad la niñera de los hijos del congresista Víctor Alcides González Bogado y, obviamente no asistía a su lugar de trabajo pero sí al domicilio del parlamentario. En noviembre, fue desaforado para el proceso.

En la fecha ya mencionada fue cuando finalmente el Ministerio Público, por medio de los fiscales René Fernández, Liliana Alcaraz y Claudia Criscioni lo acusaron por cobro indebido de honorarios y estafa, del mismo modo que a Quintana y a Miguel Pérez Núñez, su exjefe de gabinete. Sin embargo, tanto Bogado como su grupo presentaron múltiples "chicanas" para evitar la audiencia preliminar y que le llevó a evadir la justicia durante varios años.

Tras la conclusión del periodo legislativo 2013-2018 y con los votos necesarios para formar parte del Congreso, se supuso el sobreceimiento del senador por las continuas trabas, pero ante el excesivo clamor popular, el caso fue rápidamente retomado por la nueva cámara a finales de agosto, pero existieron bastantes dudas al respecto. La senadora Desiree Masi consideraba que aquel desafuero seguía vigente, aunque otros no lo consideraron así en la sesión del jueves pasado, por lo que se postergó para la próxima sesión.

Esa diferencia de criterios llevó a un nuevo tratamiento de la cuestión. Durante la semana el mismo senador señaló que "espera con ansias" la ratificación del desafuero porque considera tener la ratificación las pruebas necesarias para desestimar la causa en su contra, pues esto solo se trata de un "error administrativo".

Aunque contra todo pronóstico, el pleno ratificó aquella pérdida de investidura que permite mantener la fecha de la audiencia preliminar, prevista para el 2 de octubre, sin certeza aún de si este será público o no.